Decenas de personas han desaparecido en la ciudad de José Cardel, en Veracruz, donde Marcos Conde Hernández, quien hasta hace unos días era delegado de la SSP en Tierra Blanca cuando policías a su cargo secuestraron a cinco jóvenes, que hasta el día de hoy no se sabe de su paradero.
Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo/BlogExpediente).- Un juzgado dictó auto de formal prisión a Marcos Conde Hernández, ex delegado de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz en el municipio de Tierra Blanca, por la desaparición de cinco jóvenes que fueron presuntamente secuestrados por agentes a su cargo.
Un juez de distrito judicial dictó prisión por el delito de desaparición forzada a Conde Hernández la noche de este viernes, luego de que se venció el término constitucional ampliado que había sido solicitado por los indiciados. También le dicto formal prisión a Otoniel Cruz Linares. Ayer otros cuatro, de los siete policías arrestados por la desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca, fueron apresados como presuntos responsables del mismo delito.
Los policías Luis Rey Lendeche Colorado, Omar Cruz Santos, René Pelayo Vidal y Edgar Omar Ruiz Tecalco todos ellos miembros de la SSP.
Marcos Conde Hernández trabajó como comandante nocturno en la Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río (PIVB), corporación disuelta al inicio del Gobierno de Javier Duarte de Ochoa ante los señalamientos de infiltración total por parte del cártel de Los Zetas. A la SSP ingresó como oficial tras la eliminación de la agrupación a la que pertenecía. De allí ascendió a mando, a subdelegado, y finalmente a delegado en Tierra Blanca, a donde arribó hace unos 12 meses. Durante su paso por la ciudad de José Cardenal, en el municipio de La Antigua, se acumularon denuncias por secuestro de civiles, e incluso de policías municipales, a bordo de patrullas de la Policía Estatal, de la cual Conde Hernández era parte.
En la PIVB, a Conde le recuerdan entonces como un patrullero “de a pie”. Se iba a vigilar calles de los sectores bajo su cuidado, hablaba con los ciudadanos y atendía personalmente los servicios por robos, violencia, secuestros, etcétera. Se había ganado el ser visto como un buen elemento y sus asensos eran notorios.
Así hasta la noche del 28 de marzo de 2008, cuando personal de la Sedena detuvo y desarmó a Conde y a otros mandos de la PIVB por irregularidades en sus armas de cargo. Eso derivó en un enfrentamiento verbal, en incluso, hubo corte de cartucho entre soldados y gendarmes. Eran al menos 80 militares y otro tanto de gendarmes. Todos rijosos. Tuvieron que intervenir altos mandos para que no corriera la sangre. No pasó ni una hora de detención y Conde recuperó su libertad, pero esas grescas entre soldados, marinos y oficiales de la PIVB se volvieron habituales en 2008 y 2009.
En las solicitudes de información 0000700169910 y 0000700170010, la Sedena informa al menos de seis enfrentamientos con elementos de la PIVB y soldados en los cuales se documenta cómo los primeros ayudaban a sospechosos a escapar de las detenciones: en algunos casos “usaron sus patrullas para obstruir el paso de las unidades castrenses” cuando estos se encontraban detrás de algún presunto delincuente.
Si algún elemento de la delincuencia era seguido por los soldados, en cuestión de minutos docenas de patrullas de la Inter arribaban para allanarle el camino y comenzar la pelea verbal con los soldados. Esos documentos también señalan docenas de irregularidades en la licencia colectiva de armas para el estado de Veracruz, desde armas extraviadas, hasta alteraciones en números de serie.
En la última rueda de prensa, en el puerto de Veracruz, para mostrar apoyo a los padres de los cinco desaparecidos de Playa Vicente en Tierra Blanca, las madres del colectivo Solecito Veracruzano remarcaron que la desaparición de esos chicos no es un hecho aislado; son docenas de expedientes en donde se implica a los jenízaros de la SSP sin que haya investigaciones satisfactorias.
Hoy, la Fiscalía General de Veracruz recordó a través de un comunicado, que Conde Hernández fue aprehendido con base en la orden de aprehensión girada por la autoridad judicial por la desaparición de cinco jóvenes de Tierra Blanca.
“El Juez determinó dictar la formal prisión en su contra para que responda por los delitos que se le acusa contendidos en la Causa Penal 15/2016”, precisó.
CONDE HERNÁNDEZ EN CARDEL
“Era la patrulla que a ratos manejaba la muerte y a ratos el diablo”, cuentan en José Cardel, cabecera municipal de La Antigua, sobre una unidad de la SSP que, entre diciembre de 2012 y hasta mediados de 2014 fue vista por las noches cuando entraba por las goteras de la ciudad.
Con unos ocho elementos abordo, esa patrulla rodaba por calles, colonias y comunidades con un sólo fin: levantar gente como una barredora. La unidad invariablemente era seguida por una o dos camionetas de civiles armados y embozados u otras patrullas. A sus ocupantes se les menciona en más de 30 investigaciones en la Agencia del Ministerio Público de Cardel por casos de desapariciones forzadas.
En las noches que la patrulla circuló en Cardel, Úrsulo Galván, La Antigua, Paso de Ovejas y pueblos vecinos, docenas de personas fueron sustraídas y jamás regresaron a ver a sus seres queridos. Eso sin contar los que aparecieron en cañales, muertos a golpes, quemados con neumáticos viejos en basureros clandestinos.
En esos días, el jefe de la Policía estatal, en el cuartel Aureliano Monfort de Cardel, era Marcos Conde Hernández, quien llegó como comandante, y que ahora está preso y bajo investigación, con otros cinco subordinados, por la desaparición forzada de cinco jóvenes de Playa Vicente en Tierra Blanca.
Y es que al escuchar a los familiares de quienes buscan a sus ausentes en las comunidades de Cardel y en Galván, cuando se refieren a “vieron que estatales se los llevaron”, no se puede dejar de recordar la mecánica con la cual los oficiales estatales presuntamente actuaron en Tierra Blanca para detener a cinco jóvenes y después llevarlos sin rumbo desconocido.
Familiares de los policías desaparecidos en el Arenal, en el municipio de Úrsulo Galván, el 11 de enero de 2013, también afirman que fueron sustraídos por elementos de la Estatal o por lo menos una patrulla y sujetos uniformados que bajaron a los ocho oficiales municipales y se los llevaron sin rumbo fijo.
Han transcurrido tres años y la denuncia 27/2013 de la Agencia del Ministerio Público de Cardel está estancada. “Nosotros hemos preguntado y seguido con las investigaciones y nos han dicho que fueron patrullas de la SSP los que se llevaron a los oficiales de Galván. Eso está asentado en el Ministerio Público con testigos, y a los de la SSP nunca se les molestó ni a Conde ni a sus otros mandos”, contó un cercano a los gendarmes que dejaron 12 niños que crecen sin saber si son huérfanos o hijos de padres en el limbo.
Elías es uno de ellos, de ocho años, su papá se esfumó cuando él tenía cinco. La madre no sabe si él recuerda a su padre. Él le dice que sí. Últimamente ha dejado de preguntar por él, se ha concentrado mucho en su deporte favorito, el atletismo y gimnasia. El niño pasa horas ejercitando el cuerpo como si preparara su mente para algo mayor.
La madre piensa que “ya sabe que su papá ya no está con nosotros y sabe que a lo mejor no regresa, quiero pensar que se concentra en el deporte para distraerse un poco y olvidar”.
Juan Carlos Montero Parra, Samuel Montiel Perdomo, Agustín Rivera Bonastre, Guillermo Torres Perdomo, Alejandro Báez Hernández, Javier Arauz Colina, Aureliano Sánchez Tonil y Luis Javier Valenzuela González son los ocho oficiales presuntamente llevados por colegas de la SSP y de quienes no hay pistas.
“Yo me pasé un año llorando. Me dejó muerta en vida”, cuenta Griselda Barradas Huesca, madre de Pedro Alberto Huesca Barradas, quien fungiera como agente del Ministerio Público adscrito a la operación Veracruz Seguro, bajo el mando de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), cuando el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa declaró la guerra al cártel de Los Zetas en el puerto de Veracruz, Xalapa y Boca del Río.
El día que desapareció, el 13 de abril de 2013, Griselda oyó a lo lejos cinco disparos y sin saber qué había sucedido, se estremeció.
Horas después se enteraría, por su nuera, que a su hijo se lo habían llevado por la fuerza, tal vez herido por arma de fuego.
Ahí comenzó el drama para esta mujer, pues las autoridades nunca le supieron explicar nada concretamente sobre la desaparición de su hijo. Al tiempo, los vecinos le comentaron que patrullas de la SSP le dieron un cerrón a la camioneta del MP. Hubo disparos, los escucharon a la distancia, y de allí, el cerco de silencio.
“Yo lo he buscado todos estos años y no me cansaré ni me quiero morir antes de saber de él”, explica y se confiesa sola en esta carrera, pues la Fiscalía del estado sólo abrió el proceso de investigación, pero no lo continuó, acusa.
Hasta el 18 de junio de 2013, Juan José Montero Moreno se dedicó a buscar a su cuñado. Participó en protestas en Cardel. Pintó la cara de su familiar y sus demandas en varias cartulinas. Tenía muchas ganas de ver de vuelta a su también amigo, cuenta una hermana de Juan José, a quien también levantaron de la gasolinera donde laboraba, en la salida de Cardel, y nunca más se supo de él.
Luis Javier Valenzuela González es uno de los ocho uniformados desaparecidos en Galván a principios de 2013. Estuvo seis meses en esa dependencia municipal, allí ingresó a trabajar para doblar su ingreso. Luis Javier contaba con un sueño a corto plazo antes de que lo desaparecieran: casarse. Faltaban dos meses para la boda cuando fue secuestrado.
“Pensaba en conseguirse un cuartito, así comenzar a hacer su casa, con la que sería su novia. Estaba muy ilusionado y salía de trabajar como policía y de allí se iba a la Cruz Roja, en donde trabajó más de ocho años y mucha gente lo estimaba por tantos a quienes rescató”, cuenta una familiar del ausente.
Pero Luis Javier no apareció y la boda no se celebró. El rumor que llegó a su casa es el mismo que muchos: uniformados se lo llevaron.
En 2011, unos tipos se llevaron a Sergio Landa, fotoreportero en Veracruz, en una camioneta a las afueras de su trabajo en la comunidad de el Cardel. Él iba llegando en su moto y los maleantes, lanzando maldiciones y exponiendo sus armas largas, golpeaban a otras dos personas casi frente a su oficina, en del Diario de Cardel.
Sergio Landa se estremeció cuando sintió el jalón del brazo y notó el pavonado del cañón de la escuadra. Se lo llevaron pero, cuentan los que saben, en esos momentos se lanzó un mega operativo de la Marina por tierra y aire que resultó efectivo.
Los pistoleros se vieron acorralados, huyendo entre cañales en La Antigua, con rumbo al puerto de Veracruz. “¿Qué hacemos, los chingamos?, ¿los chingamos aquí mismo?”, consultaron a sus jefes por el Nextel con el helicóptero de la Marina volando cerca. Los pistoleros pararon entre cañales, lanzaron a los tres hombres abruptamente y huyeron.
Después de eso, Sergio Landa se fue al sur de Veracruz, pasó unos meses alejado tratando de superar el secuestro en donde coqueteó con la muerte. En diciembre de 2012, Landa regresó a Cardel porque la Marina y la SSP, con Marco Conde como jefe y a la cabeza de ese operativo, abatieron a Jesús Daniel Vargas Ramírez, «El Popeye», presunto líder de Los Zetas en Veracruz, en Puente Nacional el 20 de diciembre de ese año.
Por ese enfrentamiento, Marco Conde fue premiado con ascenso de comandante a subdelegado de la SSP en el Cardel.
Después del levantamiento de los ocho policías de Galván, Sergio Landa nuevamente desapareció. La noche que el fotoperiodista de nota roja salió de su oficina a su casa también notaron los rondines de la «patrulla endemoniada», con los números de serie tapados con papel.
30 JÓVENES DESAPARECIDOS… TAMBIÉN EN CARDEL
Eran ocho amigos. Jugaban a la pelota en las canchas de Los Tamarindos, en la ciudad de José Cardel, ese 1 de diciembre de 2012. Esa noche comenzó el drama para la familia de los ocho. Cuentan que dos patrullas de la Policía Estatal arribaron y se los llevaron.
Los nombres de cinco de ellos se concentraron en la denuncia 785/2012 de la Agencia del Ministerio Público de Cardel, mesa III: Filiberto Alarcón Melgarejo, Arturo Figueroa Bonastre, Max Enrique López Batolomé, Charly Yosimar Rodríguez Torres, Miguel Ángel Sandoval Cervantes y Elfego Israel Rivera Álvarez. De los otros, sus padres no pusieron denuncia.
“Mi hijo se encontraba con sus amigos y otros amigos jugando futbol. ¿Qué más hacían? Nada. Estaban allí en la canchita pasando el rato. Tengo cuatro testigos declarados que afirmaron que fueron estatales quienes se los llevaron a golpes e insultos. Que eran policías”, relata la madre de uno de los ausentes.
Marco Conde tenía un mes aproximadamente de haber llegado a Cardel cuando se dio ese secuestro. Unos testigos hablan de más de 30 jóvenes literalmente “barridos” y de quienes no se sabe nada. Sus familias cesaron en pedir justicia.
Los cinco mencionados arriba forman parte ya del Programa de recompensas de la Procuraduría General de la República (PGR) y del de la Fiscalía General del Estado. Hasta hoy, sólo se sabe que, como a los de Tierra Blanca, estatales tapados del rostro y armados con rifles de asalto, se los llevaron y no los entregaron a ninguna autoridad.
“Los buscamos en la comandancia, en el cuartel, en Veracruz, en penales, en cualquier sitio de detenciones y nada. Nadie registró esas detenciones”, recuerda la madre de uno de ellos.
-Con información de Laura Rojas, de BlogExpediente
